por GERARDO MUÑOZ LORENTE
por GERARDO MUÑOZ LORENTE
Los censalistas que habían prestado dinero a los moriscos antes de su expulsión, se dirigieron al Gobierno para exigir su ayuda y poder recuperar parte del capital invertido.
Muchos moriscos se llevaron consigo dinero y joyas. Debió salir del país una cantidad importante de riqueza, pero insignificante si la comparamos a escala estatal e incluso del reino de Valencia. Bastante más incidencia y perturbación para la economía valenciana supuso la pérdida de los créditos o censos que habían recibido los expulsados y que ya no devolverían.
El censo era un sistema de crédito hipotecario. El censalista prestaba dinero (censal) al censatario, que se comprometía a devolvérselo pagándole una pensión anual. A falta de entidades bancarias, cualquier ahorrador podía convertirse en censalista, siendo también muy numerosos los censatarios que pedían dinero prestado. Estos censatarios conseguían la cancelación o quitament del préstamo cuando devolvían al censalista la cantidad convenida; si bien había préstamos o censales que eran perpetuos e irredimibles. En una pragmática del 2 de abril de 1614, Felipe III hablaba del interés que producían los censales "en la ciudad de Valencia de diez y seis dineros por libra, y en Xativa y en otros lugares de diez y ocho y a veinte; y en Orihuela, Alicante y en otras partes, tan insoportable y excesivo, que llega a veynte y tres, a veynte y quatro dineros por libra". Si tenemos en cuenta que una libra equivalía a 20 sueldos, y un sueldo a 12 dineros, el interés que el monarca calificaba de usurario casi era del 10%.
Un ejemplo típico de estos censales comprados por moriscos y a un interés de algo más del 8% se encuentra en el archivo municipal de Jijona (Secc. Notarial nº 449). En el protocolo del notario Diego Aracil (1608-1610) aparece un documento firmado el 2 de junio de 1609 por varios moriscos de Relleu (Bartolomé Benna y los matrimonios Ludovico Castellano y Beatriz Nniadda, Pedro Tapo y Beatriz Daydal, Antonio Xatet y Joanna Maslot) que cargan un censal de 300 libras a favor del jijonenco Baltasar Aracil, con una pensión anual de 500 sueldos.
Muchos de estos préstamos o censales fueron comprados por los moriscos, avalados por sus señores con las tierras que trabajaban. De manera que es fácil imaginar la alarma que debió cundir entre la multitud de censalistas al saber que sus deudores eran expulsados del país. ¿Qué iba a pasar con sus rentas o pensiones de censales?
Exigiendo ayuda
Los censalistas exigieron el cobro de sus pensiones a los señores que habían avalado los préstamos de sus vasallos moriscos, pero los barones adujeron que eran ellos los mayores perjudicados por la expulsión, y como la decisión había sido real, las consecuencias económicas negativas debían ser compartidas tanto por los prestamistas como por los avalistas.
Como la Banca ahora en tiempos de crisis, los censalistas se dirigieron al Gobierno para exigir su ayuda. Así lo cuenta Escolano en el último capítulo del libro décimo de su crónica:
"Los dueños de los censos, (que son todos los particulares del Reyno que biven de rentas, y tienen la bivienda de su estado librada en ellos) piden al cielo y al Rey justicia de que no se les paguen los reditos, pues quedan en pie las casas y haziendas de los Moriscos, que estan hipotecadas a sus censos con licencia de los proprios señores, para quien sirvieron los dineros que se cargaron. Los señores se lamentan, que no pueden pagar lo que no tienen; y que siendo tan universal el daño que se ha seguido por la expulsion, debe alcanzar su parte a los censalistas, como a los señores que pagavan los censos".
Para intermediar en esta controversia y encontrar una solución al problema, Felipe III envió a Valencia a dos regentes del Consejo Supremo de Aragón: Juan Sabater y Salvador Fontaner. El primero falleció al poco de llegar, pero Fontaner examinó la documentación sobre los censos, proponiendo al final una solución parecida a la que deseaban los señores: las pérdidas económicas serían asumidas por éstos y por los censalistas. En cualquier caso, los señores no salieron muy mal parados de este conflicto. Es más, como dice Halperin: "Algunos barones valencianos supieron, luego de la expulsión, obtener de sus tierras más rentas que cuando las poblaban moriscos".
Siembra
Las exigencias de los censalistas para cobrar sus pensiones ocasionaron graves dificultades para sembrar los campos y cuidar las tierras abandonadas por los moriscos. Los cristianos viejos que repoblaron aquellas tierras temían que los prestamistas les exigieran a ellos el pago de los censales que les habían vendido a los moriscos, y de ahí que no se atrevieran a sembrar. Así lo explicaba el propio Felipe III en su pragmática del 19 de noviembre de 1609: "algunos de los barones y dueños de lugares que eran de moriscos en el reyno de Valencia, y en particular los nuevos pobladores de los dichos lugares no se atreven a sembrar por agora las tierras que los moriscos han dexado, temiendo que quando esten los frutos sazonados o cogidos se lo han de embargar y ocupar los acreedores y personas que tienen cargados censales sobre las dichas tierras, con las ejecuciones que instarán por las pensiones corridas". No obstante, el rey conminaba a los señores a sembrar en el plazo de diez días o a ceder las tierras a los censalistas para que las sembraran ellos. En los mismos términos insistió el virrey en otro decreto del 15 de diciembre del mismo año.
Repercusión demográfica
En el territorio de la actual provincia de Alicante, la expulsión de los moriscos supuso una repentina pérdida de población del 40%, según Pla Alberola, quien concreta: "Si descendemos a nivel comarcal, la impresión de catástrofe demográfica todavía se acentúa. En el Campo de Alicante, la Hoya de Castalla o el Valle de Jijona no repercutió en nada, directamente, la expulsión de los moriscos; pero en la Hoya y Valles de Alcoy supuso la pérdida del 50% de la población, más del 90% en el Vinalopó medio, y aún mayor en las sierras de La Marina, donde quizá sólo quedaron, en su sector norte, los 75 vecinos de Murla, y en el sector sur los 28 de Castell de Guadalest. El resto, un desierto demográfico".
Los moriscos que fueron obligados por su señor a quedarse en Elda, Aspe, Petrel y demás lugares del Medio Vinalopó terminaron por embarcar. Los pocos que quedaron eran niños o demasiado ancianos para emprender tan duro y largo viaje. El entonces párroco de Novelda escribió una nota en la que cuenta cómo "de los que quedaron moriscos, murio Jaime Miré, viejo de 85 años a 13 de octubre de 1609; no se enterro en sagrado. En 30 de octubre murio Mario Regil Valero; hizo testamento en poder de Luis Giner (Notario) y dejó una viña para la Iglesia, fue sepultado fuera de la iglesia a las espaldas de la capilla".
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