1609, LA GRAN DIÁSPORA: El genocidio rematado por decreto

La fracasada rebelión en La Alpujarra y otras comarcas del antiguo reino nazarí que tuvo lugar entre 1568 y 1571 —de la que me ocupé en el artículo anterior—, sirvió más que nada para disuadir a los moriscos descontentos de otras zonas. En el período entre estas sublevaciones y el final del reinado de Felipe II, en 1598, no acaecieron hechos determinantes en la relación entre el Estado y el colectivo de los moriscos.  

       Que no existieran grandes hechos históricos destacables no significa que no se produjera multitud de atropellos puntuales contra ellos. El Tribunal de la Inquisición intensificó sus procesos, legitimado más que nunca por las leyes para perseguir a quien se apartara de la férrea ortodoxia cristiana marcada por la Iglesia. Los moriscos constataron más si cabe que se les consideraba un grupo social non grato, tanto por las autoridades como por buena parte de los cristianos viejos. Esto les obligó a extremar las precauciones y a no mostrar el más mínimo detalle que les delatara como cripto-musulmanes, lo que les podría acarrear la muerte en la hoguera, y, en el mejor de los casos, la confiscación de todos sus bienes y el escarnio público.

       Si bien la gloria del gran imperio español suele recaer en Felipe II, el cénit del poderío territorial español en todo el mundo tuvo lugar bajo el reinado de su hijo Felipe III. Éste fue coronado en 1598, a la muerte de su padre en El Escorial.

       Felipe III, cuarto hijo del cuarto matrimonio de Felipe II con Ana de Austria, heredó la Corona de los reinos hispánicos en una situación económica desastrosa. La deuda estatal con los banqueros y otros acreedores rozaba los 100 millones de ducados, una cifra escalofriante para las magnitudes de la época. Su sistema de gobierno poco varió respecto al heredado, pero sí estableció una notable diferencia con los monarcas anteriores: la delegación del poder en un valido.

        Debido a una mezcla de incapacidad e indiferencia para dirigir los negocios de Estado, el rey puso desde el principio el poder y la gestión estatal en manos de su valido Francisco de Sandoval y Rojas, marqués de Denia y posteriormente nombrado duque de Lerma, título por el que será conocido en la Historia.

       El duque de Lerma, vallisoletano de Tordesillas, se había educado en la corte de Felipe II. Tras un pequeño lapso entre 1595 y 1597 ausente de la Corte, por su condición de virrey de Valencia, fue llamado a su lado por el todavía príncipe heredero Felipe. Fue una persona  extremadamente codiciosa y nepotista. En vista del omnímodo poder puesto en sus manos y de la indiferencia del flamante rey Felipe III, se dedicó a tejer una trama entre sus allegados con el fin de controlar de forma estrecha los entresijos del Gobierno. Trazó un plan para apartar a los antiguos cortesanos de las esferas de influencia, para lo que no dudó en trasladar la Corte desde Madrid hasta Valladolid, su feudo natural. Aquí instaló sus reales desde 1601 hasta 1606. Además alentó en el rey su gran afición a la caza para mantenerlo alejado de los asuntos, preparándole frecuentes monterías y eventos deportivos.

       En el orden político, el duque de Lerma fortaleció la figura de las Juntas en detrimento de los Consejos, lo que le aseguraba un control más ágil y directo de la gestión de gobierno, al tiempo que acrecentaba sus propias prerrogativas y las de sus partidarios. Durante su mandato como primer ministro plenipotenciario, España sufrió una etapa de corrupción generalizada en todos sus estamentos, al tiempo que amasó una colosal fortuna personal, amén de numerosas rentas y privilegios para sí y sus allegados.

       En estas circunstancias el duque de Lerma abrió el debate sobre la conveniencia de expulsar definitivamente a los moriscos de los territorios españoles. En un principio, ni el rey ni la reina Margarita de Austria se mostraron partidarios de tan drástica decisión. No veían necesarias unas medidas tan traumáticas si tenían en cuenta las gravísimas repercusiones de índole económica y social que producirían. No obstante, el duque ya había soltado el mensaje.

       Similar criterio mantenía el papa Paulo V —el romano Camilo Borghese—. Al ser sondeado por los monarcas se pronunció en contra de la expulsión masiva, argumentando que la Iglesia se inclinaba por continuar con las tradicionales labores de predicación y catequesis hacia los moriscos, con la esperanza de convencerlos poco a poco, aunque fuese a más largo plazo.

       Entre el episcopado español, la voz más beligerante a favor de la expulsión fue la de Juan de Ribera, arzobispo de Valencia y Patriarca de Antioquía. Éste aireaba de continuo su absoluta convicción sobre la inutilidad del intento de convencer a los moriscos, a quienes consideraba irreductibles y defensores a ultranza de su particular modo de vida. No obstante, la opinión de Ribera no era compartida por sus obispados sufragáneos. El obispo de Valencia, de Orihuela, el de Segorbe y el de Tortosa, que dependían del arzobispado de Juan de Ribera, se desmarcaron de la posición de éste.

       Entre el clero secular tampoco se contemplaba como necesaria una medida de esta gravedad, aunque sí hubieron voces fanáticas que la alentaran. Es el caso del dominico Jaime Bleda, a la sazón Calificador de la Inquisición, quien consideraba lícito esclavizar, expulsar o hasta matar a los moriscos, y así lo explicitaba sin ambages con su pluma y en el púlpito.

       Tampoco el Inquisidor General el cardenal Niño de Guevara era partidario de la expulsión masiva. Además de razones ideológicas o religiosas, éste argüía consideraciones de índole económica, pues veía claramente que tal medida empobrecería de manera sensible las arcas del propio Tribunal de la Inquisición. Es decir, aquello no sería bueno para su negocio.

       Quienes sí mostraron su desacuerdo de forma contundente con la deportación fueron los señores feudales, quienes tenían en los moriscos una excelente masa de trabajadores, eficiente, fiel y barata. Fueron muchas las protestas de los nobles hacia la monarquía, que a veces interpretó esta actitud como un pulso entre poderes.

       En cuanto al pueblo llano, los cristianos viejos de a pie, cito a continuación las sabias palabras del profesor Mikel de Epalza:

“En la sociedad estamental del siglo XVI, también aparecen medidas y reclamaciones de que no se deje acceder a «cristianos nuevos» a ciertas profesiones, cargos públicos y órdenes religiosas: no es más que una manifestación de rivalidades en la promoción social. No parece que hubiera exceso demográfico de mano de obra a principios del siglo XVI, aunque es verdad que la laboriosidad de los moriscos y la relativa prosperidad de algunos de ellos podía engendrar envidias y suspicacias en las clases populares españolas. Por eso, tampoco desde el punto de vista de una cierta opinión pública la decisión de la expulsión era una petición o exigencia grave de la sociedad española”.

       Es decir, que aunque es cierto que los cristianos viejos miraban con recelo a este colectivo, tampoco existía una beligerancia tan enconada que justificara este aplastante sentimiento de exclusión.

       Se ha hablado de motivaciones racistas. Por supuesto que las hubo, y de peso, pero a mi juicio se trataría de la voluntad de imponer un nuevo modelo, y no de recuperar un estereotipo racial escamoteado con el tiempo, pues la mezcolanza étnica de los españoles de esa época era abrumadora, siendo además esta característica un factor determinante en la privilegiada identidad cultural de los españoles hasta la Edad Media. También se habla de sentimientos xenófobos, razón que descarto de plano por tratarse los moriscos de individuos tan españoles como el propio rey Felipe III, por poner un ejemplo.

       En realidad se trataría de un poco de todo, alentado por la voluntad real de homogeneizar religiosamente sus territorios, tras haberse visto obligados a claudicar ante el Protestantismo en sus posesiones europeas. Sin descartar, por supuesto, la vil razón del espectacular expolio que vislumbraba el duque de Lerma, porque parece ser que fue con este argumento con el que el codicioso duque convenció finalmente a Felipe III. El primer ministro vendió la idea al rey como una magnífica ocasión para sanear las arcas del Estado, en base a la confiscación de infinidad de casas, tierras, negocios y demás bienes que los laboriosos moriscos habían conquistado con su sudor. Cuando se miraron al bolsillo se disipó cualquier duda que pudieran albergar.

       Además confluyó otro factor determinante. La política pacifista que el Gobierno había diseñado en el exterior cristalizó en aquellos años. Se había firmado la paz con Inglaterra en 1604; el agobiante peligro turco había dejado de ser importante en el Mediterráneo occidental, y en 1609 se había alcanzado la Tregua de los Doce Años con los Países Bajos. Esta paz exterior motivó la disponibilidad de ingentes recursos bélicos: cientos de galeras permanecían amarradas en los puertos a la espera de nuevas misiones y miles de soldados ociosos “pidiendo guerra”. Era el momento idóneo para finiquitar el genocidio contra los moros.

       Tampoco hay que olvidar la labor soto voce de Fray Gaspar de Córdoba, confesor del rey desde 1587 y afecto a la causa del duque de Lerma, quien desde su privilegiada posición en el confesionario se encargaba de transmitir a Felipe III las fanáticas tesis del primer ministro.

       Pues bien, en la sesión del Consejo de Estado del 4 de abril de 1609, celebrado en el Alcázar de Segovia, el duque de Lerma propuso la ignominiosa medida de la expulsión de los moriscos, arguyendo como razón principal la seguridad nacional, y en segundo lugar la cuestión religiosa. La drástica propuesta del primer ministro obtuvo el apoyo del resto de los consejeros. Aunque se vieran arrastrados por la verborrea del valido, ellos fueron quienes firmaron. Estos fueron: el duque de Alba, el duque del Infantado, el conde Alba, el marqués de Velada, el condestable de Castilla, el comendador mayor de León y el cardenal de Toledo. El texto del decreto era un calco del promulgado en 1492 para la expulsión de los judíos de España. La suerte estaba echada.

       El papa Paulo V fue informado a posteriori, cuando la ley estaba ya firmada. No obstante hay que decir que el Vaticano estaba perfectamente informado de lo que se tramaba, pero dejó hacer con el “noble” argumento de no inmiscuirse en decisiones internas de un rey aliado. Ni aplaudió ni se opuso, ésa fue su postura ante el genocidio que se iba a perpetrar en España.

       El primer lugar donde se aplicó la ley fue en el reino de Valencia. Su Virrey, el marqués de Caracena, la ordenó pregonar el 22 de septiembre de 1609 por las calles y plazas de Valencia. Por boca del rey se calificaba a los moriscos de herejes, apóstatas y traidores, presentando la ley como un acto de clemencia —¡menuda desfachatez!— por lo que no les condenaba a muerte, ni confiscaba sus bienes, con tal de que se apresurasen a ser embarcados en el termino de tres días y dejasen para siempre las tierras de España.

       La conmoción entre los afectados fue brutal. No es difícil de entender. Los llantos de pena, rabia e impotencia inundaron las calles y fértiles tierras valencianas. Según el edicto, sólo se les permitiría llevarse lo que pudieran cargar sobre sí. Quien tuviera bienes en posesión disponía de tres días para malvenderlos. Los niños menores de 7 años serían separados de sus familias y debían quedar en tierra para ser educados en la fe católica. Asimismo se autorizaba a cualquiera que encontrase a un morisco desbandado fuera de su lugar pasados los tres días del edicto, para apoderarse de lo que llevara, prenderle y darle muerte si se resistía. ¿Se podía usar mayor crueldad en la ley firmada por Felipe III?

       Los moriscos valencianos debían permanecer en sus casas a la espera de que llegara el comisario que les llevaría al puerto de embarque. Cientos de galeras reales y otras privadas que fueron contratadas, custodiadas por miles de soldados les aguardaban, en un ambiente de odio y agresiones por parte de la población cristiana. En los primeros días de octubre de 1609, todos los puertos valencianos, desde Alicante hasta Vinaroz, fueron testigos del destierro de miles de familias valencianas hacia un destino incierto en Túnez o Argelia. Por si fuera pequeña la putada, numerosas cuadrillas de lugareños se dieron al saqueo de los desconcertados moriscos. Sólo les faltaba el pillaje de aquellos bellacos para completar su infortunio, además del expolio y muerte que sufrirían muchos durante la travesía.

       Muchos nobles arreciaron sus quejas ante el rey. Sus protestas tenían dos argumentos principales: el económico, pues la medida  provocaría un cataclismo en sus haciendas, y el humano, por considerar injusto e innecesario el exilio masivo. Pero de nada sirvió. Estas reclamaciones fueron especialmente vehementes  en los reinos de Valencia y Aragón, donde numerosos señores, sinceramente compungidos por la marcha forzosa de gentes que habían nacido y crecido en sus casas, les acompañaron en persona hasta el puerto de embarque para arroparles y protegerles, dado el ambiente hostil que generó el edicto. El duque de Maqueda hizo la travesía hasta Orán junto a sus vasallos de Aspe y Crevillente, para asegurarse de que llegarían sanos y salvos a su nuevo destino.

       Hizo bien el duque de Maqueda con su generoso gesto, pues poco tiempo después comenzaron a llegar noticias de que muchas familias moriscas, que, por disponer de más recursos, optaron por contratar naves privadas, fueron saqueadas y degolladas durante la travesía, y sus cuerpos arrojados al mar. Esto da cuenta del ambiente de codicia y depravación que se respiraba en aquel aciago momento.

       Según las cifras que manejan los expertos, más de 140.000 moriscos valencianos —un tercio de su población— fueron expulsados violentamente de su tierra en cuestión de días. Y más de 3.000 niños menores de 7 años fueron raptados de sus familias y entregados en adopción a cristianos viejos para su educación “como Dios manda”.

       El 29 de mayo de 1610 le llegó el turno al reino de Aragón. En esa fecha se promulgó el edicto real en Zaragoza y Barcelona, en similares términos que el del reino de Valencia, salvo que, por tratarse de una zona con gran tensión social, suavizaron ligeramente el apartado referente a los niños. Si en éste fue establecida la edad de 7 años, en Aragón fueron los menores de 4 años los que deberían  separarse de sus familias, si éstas lo permitían. Lógicamente, fueron muy pocos los niños aragoneses y catalanes que quedaron en suelo español.

       Muchos aragoneses y catalanes, a la vista de lo sucedido en el reino de Valencia, se habían precipitado a malvender sus bienes, y saliendo por Canfranc se exiliaron en Francia. No obstante, a partir de la promulgación de la ley se les cerró la puerta de Europa, obligándoseles a embarcar en el puerto de Los Alfaques rumbo a Argel, bajo soberanía española en ese momento. Sobre una población de unos 1.400.000 habitantes del reino de Aragón, se estima en un 20 %  los expulsados.

       En Andalucía, adscrita a la Corona de Castilla, también se mantuvo la edad de 7 años, aunque podrían quedar con sus familias si el destino de éstas era en tierras cristianas. Por este motivo, en muchos casos el destino declarado fue Francia, Italia y Alemania, aunque se sabe que en muchos casos los barcos, cuando eran privados, rectificaban el rumbo y se dirigían finalmente al norte de África. No obstante, para Andalucía se introdujo una cláusula de confiscación de sus bienes, a beneficio de la Hacienda Real, en lugar de instar a sus propietarios a malvenderlos apresuradamente.

       En Castilla, Extremadura y Galicia el edicto se publicó el 10 de julio de 1610. Debido a que en estas regiones el colectivo morisco, siendo menor, se encontraba muy diseminado, el proceso duraría hasta el año 1614.

       El 8 de octubre de 1610 se hizo público el edicto para el reino de Murcia, con la excepción provisional del Valle de Ricote.

       El profesor Bernard Vincent, auténtica autoridad en la materia, resume de manera clara la situación. Cito textualmente sus palabras, que suscribo en su totalidad:

“El grueso de la operación quedó así terminado dentro del año 1610 en toda España; pero todavía durante tres años se continuó con otras complementarias que indican el triunfo de las opiniones más rigurosas en la Corte. Las poderosas influencias puestas en juego por los señores habían fracasado. También las instancias de algunos municipios por conservar una parte de sus laboriosos vecinos. Quedaba el camino expedito a los teóricos más fanáticos de la pureza de sangre, para quienes todo morisco o descendiente de ellos era sospechoso en alto grado y contaminaba la visión de una España que no debía presentar la menor mácula en su catolicidad. Como en las informaciones de limpieza de sangre estaba prohibido silenciar el menor antecedente por remoto que fuera, tampoco en la cuestión morisca debía admitirse parvedad de materia; más valía expulsar a todos los sospechosos, a riesgo de infligir la misma pena a cristianos sinceros, que dejar un grano de «tan mala semilla» en suelo español”.

       Se cerró aquí un ciclo con un incalculable coste social y económico para España. Sin contar los 800.000 ducados que costó el transporte de los 400.000 moriscos desterrados, el perjuicio que ocasionó su deportación masiva a las estructuras productivas de los reinos españoles fue brutal, ya que en sus manos estaban gran parte de la agricultura, la artesanía y el comercio de la época.

       Después vino la campaña de propaganda estatal. Como ha declarado recientemente el profesor de la Universidad de Harvard Francisco Márquez, quien participó en la conferencia inaugural del congreso internacional “Los moriscos: Historia de una minoría”, celebrado en Granada hace unos meses, el Gobierno de Felipe III “se gastó el dinero” en una amplia campaña para ofrecer una visión de la expulsión, según la cual la población “estaba muy contenta”, cuando no era así ni mucho menos. "La gente se quedó espantada y afectada por todos los problemas, incluso de tipo económico, que eso significaba ya que en realidad fue una pérdida enorme para todos, cristianos y moriscos, cuyas consecuencias seguimos sufriendo a largo plazo". A su juicio, el conjunto del pueblo quedó sobrecogido por la actitud de un gobierno "totalmente irresponsable" y con "ninguna limitación del poder de tipo moral".

       Pero no quedó ahí la cosa. La campaña propagandística promovida por el gobierno de Felipe III y los reyes posteriores se instaló con virulencia en el ámbito literario. Una pléyade de cronistas, escritores y poetas cortesanos, ignorantes o partidistas, descargaron con sus plumas una retahíla de tópicos baratos, falsos y absurdos, tendente a formar una opinión grotesca sobre los moriscos —en realidad, sobre los musulmanes—. Opinión que, a mi juicio, salvo honrosas excepciones, caló en la mentalidad de los españoles, llegando a través de los siglos, algo desdibujada, hasta nuestros días.

       Hablando de desprestigio, quisiera reseñar aquí el merecido final del duque de Lerma. Pocos años después de la expulsión, el duque tuvo que hacer frente a la rivalidad de una facción promovida por su propio hijo el duque de Uceda, quien le sustituyó en el cargo de valido real. Comenzaron a circular rumores y pasquines por las calles de España advirtiendo del carácter vicioso, avaricioso y corrupto del duque de Lerma. Éste se hizo nombrar cardenal en 1618, un año antes de ser ordenado sacerdote, para eludir su responsabilidad en el proceso que se abrió contra él, y del que salió muy mal parado. Finalmente tuvo que retirarse de la vida política en medio del más absoluto descrédito.

       Como había sido previsto, las arcas reales se enriquecieron a costa del expolio cometido contra los moriscos. También se lucraron sobremanera una cohorte de terratenientes al olor de la especulación con los bienes confiscados o malvendidos apresuradamente. Algunos de estos carroñeros especuladores amasaron una inmensa fortuna, que fueron incrementando sus descendientes. Algunos apellidos ilustres de la España de hoy siguen viviendo de las rentas propiciadas por aquella tropelía.

       Para terminar, quisiera destacar que, en mi modesta opinión, lo narrado aquí supone una de las páginas más vergonzosas de la Historia de España, agravada por el hecho de que los poderes estatales y fácticos hayan ofrecido artificiosamente una visión distorsionada de los hechos a través de los siglos. Sirvan estas líneas como un canto contra los actos de barbarie e intransigencia como éste, y como un humilde homenaje a la memoria de las víctimas de aquel desafuero. Aprovecho también  para expresar que los descendientes de los moriscos expulsados, orgullosos de su pasado andalusí, siguen esperando un gesto de desagravio por parte de las autoridades civiles de la España modélica del siglo XXI. Sería un buen momento ahora que se conmemora el 400º aniversario del ignominioso edicto. O quizás haya que esperar al 500º, que es una efeméride más redonda, aunque en ese caso mucho me temo que quien esto suscribe no tendrá el gusto de presenciarlo.

© José Urbano Priego

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